Las promesas de regeneración y transparencia formuladas por la presidenta de la Junta de Andalucía desde que llegó al cargo están lejos aún de concretarse, al menos en lo que se refiere a la administración paralela creada por los anteriores gobiernos socialistas para evitar los controles internos y permitir una total discrecionalidad en el manejo de fondos públicos.
Según el «Inventario de Entes» (sic) de la propia Junta de Andalucía, a día de hoy existen 281 organismos ajenos a la estructura administrativa autonómica financiados con dinero público, de los cuales 131 pertenecen en exclusividad a la Comunidad Autónoma mientras que en los otros 150 restantes la Junta tiene una posición mayoritaria. Entre estos organismos ajenos al control administrativo hay empresas públicas, agencias, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones, estas últimas en número de 72 con ejemplos como la Fundación Andalucía Olímpica, la Fundación Andaluza del Alcornoque, la Fundación para la Casa del Museo del Carnaval de Cádiz, la Fundación para el Legado Andalusí o la Fundación Rey Fahd bin Abdelaziz en honor del monarca árabe de la dinastía Saud fallecido en 1995.
Otros 102 organismos similares han sido reabsorbidos, junto con su personal, por la administración andaluza en virtud del plan de reordenación del sector público acordado en 2010 que, entre otras cosas, supuso la conversión en empleados públicos de los trabajadores que prestaban servicio en estas entidades (los sindicatos independientes cifraron la cifra del «enchufe» en unos 30.000 beneficiarios), con el acuerdo de UGT y CCOO y la oposición de las fuerzas sindicales independientes, que actualmente tienen recurridos los efectos de este acuerdo en los tribunales.
Los casi trescientos «chiringuitos» que a día de hoy mantiene activos la Junta de Andalucía consumirán en el presente ejercicio 3.110 millones de euros, aunque la mayor parte de este gasto será realizado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, con un presupuesto para 2014 de 1.111 millones de euros.
María Jesús Mejuto consigue la primera plaza con una nota de 9,33
Las personas que se examinaron coinciden en que la prueba era ‘muy difícil’
Sólo ocho de los opositores sacaron más de un cinco en su puntuación
El presidente del Tribunal fue su cargo de confianza cuando era consejera
María Jesús Mejuto. EL MUNDO.
Primer puesto de una oposición para funcionario en una especialidad del sistema de Salud extremeño, convocada por una consejera en funciones. María Jesús Mejuto, la convocante y triunfadora, obtuvo un 9,33 de nota sobre 10, en un examen calificado por todos los opositores que se presentaron a la prueba -37- como «muy difícil». El segundo puesto se quedó en un 6,4 de nota. Otra casualidad: el presidente del Tribunal fue su cargo de confianza durante su etapa política.
Sólo ocho opositores sacaron más de un 5 de nota para las 12 plazas en juego para convertirse en funcionario -diez del turno libre y dos de promoción interna- de la especialidad de «Cirugía General y Aparato Digestivo». El resto que aprobó sacó un 5,53 (dos de los opositores), 5,67 (tres), 6 el reseñado 6,4 del segundo puesto. Todos ellos, por tanto, un aprobado raspado salvo la contundencia en la nota de la ex consejera, que con un 9,33 sobre 10 se aupó con diferencia a la primera plaza. El resto, los otros 27 opositores, suspensos, por lo que se han quedado dos vacantes, además de los dos puestos del turno de promoción interna que tampoco se han cubierto
El Senado acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación de un contrato por el que está dispuesto a gasta hasta 53.770 euros en “cintas de vídeo”. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de enero para ser elegidas.
Según el pliego de condiciones técnicas, la Cámara Alta busca cuatro tipos de cintas diferentes para los distintos modelos de cámaras que se utilizan. Reproducimos al final del artículo los objetos que son objeto de suministro, sin que en el pliego de condiciones se conozca el número de unidades de cada tipo.
No es la única licitación polémica que el Senado tiene abierta. Por ejemplo, hace unos días anunció otro contrato para el suministro de mobiliario normalizado para el Senado, que supondrá un desembolso de 30.000 euros. En total, serán 58 objetos los que se suministrarán.
El mobiliario que se va a suministrar se compone de los siguientes tipos:
Mesas de oficina: comprende mesas de trabajo y mesas de reunión.
Sillas: comprende sillas de despacho y sillones, todos con ruedas.
Sillas de confidente.
Elementos de almacenamiento: armarios, cajoneras, buccks, archivadores.
Más de 51 millones de presupuesto en 2014
El Senado cuenta con un presupuesto para 2014 de 51,7 millones de euros, que se dedican en su mayoría (22,6 millones) a gastos de personal. Los 200 senadores tienen asignado un salario idéntico: 2.813,91 euros al mes. Los senadores elegidos en la provincia de Madrid o designados por la Comunidad de Madrid perciben una indemnización mensual de 869,09 euros y los demás senadores de 1.822,38 euros. Con este concepto deben afrontar los gastos de manutención y alojamiento. Además, existen complementos mensuales por razón del cargo que detallamos al final de la noticia.
Otros 21,8 millones del presupuesto del Senado van a parar a gastos corrientes, es decir, facturas y suministros varios. Entre ellos, paga 403.000 euros en concepto de arrendamientos y cánones y casi dos millones de euros en reparaciones. Y sólo en compras de material se “escapan otros 11 millones de euros”.
Los 2.600 cargos de confianza que hay en el Cuerpo Nacional de Policíason legales. Por ahora. Así lo ha determinado recientemente la Sección Tercera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La resolución no ha querido valorar un recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que argumentaba que aún eran demasiados puestos elegidos a dedo, lo cual da por buena la reducción que ordenó el director de la corporación, Ignacio Cosidó, nada más llegar al cargo, cuando rebajó de 6.000 a 2.600 los destinos de libre designación.
Sin embargo, aún no está dicha la última palabra. Aunque avalaba los 2.600 nombramientos a dedo, el TSJM dejaba la puerta abierta a valorar si es legal o no ese número de cargos en un nuevo procedimiento judicial, resquicio legal que ha aprovechado el SUP para plantear una nueva denuncia. Según ha sabido Seguridad y Tribunales, el sindicato la ha interpuesto ya contra ante el mismo tribunal y contra el nuevo Catálogo de Puestos de Trabajo, donde se plasma la citada reducción de puestos de confianza.
Sus servicios jurídicos argumentan que la sentencia del TSJM obligaba a motivar, “en cada caso concreto (…), las causas que determinan (…) la elección del sistema de libre designación”, cosa que, según el denunciante, no ha hecho la Administración. El SUP asegura que en muchos casos se ha utilizado una única motivación para argumentar que es necesario nombrar a dedo a todo un equipo de policías.
Es el caso de las comisarías especiales de la Casa del Rey y de la dePresidencia del Gobierno, en las que se elige a dedo gran parte de los funcionarios que las componen. “Si bien pudiera justificarse el que los jefes de dichas comisarías especiales se provean por libre designación, en ningún caso deberían serlo los puestos inferiores”, argumentan los servicios jurídicos del SUP en el auto presentado ante el TSJM.
Además, continúa el recurso del SUP, se ha incluido en la lista de elegidos a dedo a gran número de mandos con la excusa de que son los responsables de implementar la políticas de seguridad en sus ámbitos territoriales. Esto, según el sindicato, tampoco sería correcto, ya que la ley enumera claramente quiénes son esos responsables: los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía y los jefes superiores, pero en ningún caso “el resto de puestos a los que se refiere la Administración”. “Y nunca los jefes de una comisaría local”, apuntilla.
El recurso del SUP, además, se fija en que hay puestos que ni siquiera se han motivado en su conjunto, como el jefe de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco). Asimismo, tampoco encuentra sentido a que los miembros de la Unidad de Asuntos Internos sean elegidos a dedo, ya que “debe tenerse en cuenta su especial función investigadora, que requiere de gran imparcialidad y seguridad en el puesto de sus integrantes, razón por la cual el nombramiento o cese de estos no debe dejarse al arbitrio de los máximos responsables en cada momento de la Dirección General”.
La nueva denuncia, interpuesta también ante la Sección Tercera de lo Contencioso del mismo órgano jurídico, abre un nuevo procedimiento que deberá resolverse en las próximas semanas y que podría volver a desestabilizar la organización interna de los recursos humanos en la Policía.
La lucha contra los nombramientos a dedo en el cuerpo la planteó el SUP después de que en diciembre de 2007 se aprobara el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía. Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al sindicato a través de una sentencia que luego fue declarada firme por el Tribunal Supremo.
A pesar de esa resolución, durante meses, el anterior director general de la Policía, Francisco Javier Velázquez, que también lo era de la Guardia Civil, evitó cumplir la sentencia y trató de continuar nombrando mandos a dedo hasta que el TSJM le dio un ultimátum: amenazó con deducirle testimonio si no paralizaba todas las designaciones de confianza y resolvía el problema.
La actitud de Velázquez fue entonces criticada duramente por la oposición –especialmente por Cosidó, que era el portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso–, pero el entonces máximo responsable de los dos cuerpos de seguridad del Estado terminó su mandato sin llevar a cabo la reforma ordenada por los tribunales necesaria para seguir nombrando cargos a dedo. Esta pasividad de Velázquez provocó una paralización de la movilidad interna en la Policía que se prolongó hasta la llegada del nuevo Gobierno.
La situación no fue desbloqueada hasta que llegó Cosidó al despacho de la madrileña calle Miguel Ángel. El actual director general emprendió la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo y redujo de 6.000 a 2.600 los cargos elegidos a dedo, reforma que el TSJM vio bien en un principio pero que acaba de poner nuevamente en entredicho el SUP.
El número de puestos de confianza repercute directamente en el día a día de la corporación y, en concreto, como ejemplo, en la reciente decisión por parte de la Dirección General de sustituir a algunos de mandos responsables de la Unidad contra los Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), encargada de casos de corrupción tan políticamente relevantes como Gürtel o Bárcenas, muchos de los cuales se eligen por criterios de confianza.
María Jesús Mejuto. EL MUNDO.
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